Jornada sobre animales potencialmente peligrosos

Los Ayuntamientos de Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, en colaboración con la Asociación de Veterinarios Municipales, han organizado la primera Jornada sobre gestión de animales potencialmente peligrosos, dirigida a técnicos de Sanidad Ambiental y Salud Pública, técnicos jurídicos de la Administración Local, policías locales y veterinarios. Un total de 140 profesionales de nueve comunidades autónomas participaron en este encuentro, celebrado en el Centro Municipal El Cantizal, en el que se abordó el papel regulador que las Administraciones deben ejercer para hacer compatible con la seguridad de las personas la tenencia en un entorno humanizado de este tipo de animales.

La jornada, presentada por la concejal de Sanidad, Familia y Menor de Las Rozas, Ana Dávila, y el concejal de Sanidad y Consumo de Pozuelo de Alarcón, Félix Alba, contó con tres ponencias centrales: “Aplicación en los municipios de la normativa sobre animales potencialmente peligrosos”, ofrecida por José Ma Pérez Monguió, director de la Cátedra de bienestar animal de la Universidad de Cádiz; “Criterios de valoración de agresividad y declaración de la potencial peligrosidad de los animales”, a cargo de Pablo Hernández, veterinario especialista en etología y comportamiento; y “Procedimiento judicial en casos de agresión por parte de animales potencialmente peligrosos”, pronunciada por el juez del juzgado de instrucción no 40 de Madrid, Enrique de la Hoz.

Las ponencias y posterior debate sirvieron para promover el intercambio de información y coordinar actuaciones entre los diferentes colectivos profesionales implicados, así como homogeneizar procedimientos y protocolos de actuación, en aplicación de la normativa, y difundir actitudes responsables entre los propietarios a través de la actuación de los agentes sociales implicados.

Ha transcurrido más de una década desde que se estableciera un marco legal para la tenencia de los denominados animales potencialmente peligrosos y aún existen aspectos por resolver, como la existencia de animales de especies diferentes a la canina que pueden ser peligrosos; la aplicación de sanciones accesorias en caso de agresión; la normalización de procedimientos e informes de valoración de la agresividad de un perro; y la actuación de los cuerpos de seguridad implicados y de los servicios de emergencia.